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En ciernes otra denuncia federal por desvío de recursos al campo

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Analiza la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes) los presuntos desvíos por casi cinco mil millones de pesos etiquetados para el campo durante la administración estatal anterior a fin de presentar una nueva denuncia a nivel federal; actualmente, ya existe una ante la Fiscalía General del Estado.

El secretario de la Contraloría, Rafael del Pozo Dergal, explicó que por el monto de recursos presuntamente desviados este caso es uno de los primeros cinco en importancia.

“Estamos colaborando la Auditoría Superior del Estado y Secoes con la Fiscalía (General del Estado) para la integración de los expedientes, en algún caso, en ese tema, pudiera convertirse en una denuncia de carácter, que vaya a la PGR”, explicó.

Por el esquema empleado, dijo aún no está claro pero es altamente probable que de los 5 mil millones de pesos desviados entre 2015 y 2016, una proporción sean de origen federal.

Del Pozo Dergal precisó que los recursos prácticamente fueron vaciados “a una licuadora”, por lo que es complejo desentrañar cuántos fueron de orden estatal y cuántos de orden federal.

“Hubo un tiempo en que casi todos los recursos se mezclaban, se metían a una cuenta concentradora, lo que nosotros hemos llamado la licuadora, para meter ahí todos los recursos. Para cumplir con nuestra responsabilidad presentamos la denuncia ante el Fuero Común, sin embargo, la investigación nos está llevando, sobre todo del periodo de 2016, a que los recursos eran federales”, afirmó.

De finales del 2016, con el cambio de la administración estatal, y hasta la fecha, el Gobierno del Estado ha presentado más de 50 denuncias, de las que aproximadamente el 80% recaen en el ámbito estatal y el porcentaje restante a nivel federal.

Entre los casos más importantes que investigan se encuentran el de la renta de maquinaria en la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) por mil 500 millones de pesos; la Secretaría de Finanzas y Planeación por ser quien recibió y mezcló los recursos de diferentes dependencias para perder el rastro del origen y destino del dinero; la Secretaría de Salud, y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social por 800 millones.

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