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Caso Chanito | Crónica de un final anunciado

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Caso Xóchitl, el Tribunal falló a favor de la entonces candidata que ganó la elección.

Por Luciano Núñez

La doble residencia de José Luis Chanito Toledo: una en Solidaridad y otra (más reciente) en Cancún, abrió nuevamente un debate sobre el derecho a ser candidato bajo esta condición. No es el primer caso en Quintana Roo: cuando Juan Carrillo, hoy presidente municipal de Isla Mujeres, fue impugnado y ganó el derecho a ser postulado y también ganó la elección. Si bien el Instituto Electoral de Quintana Roo negó el registro al ex priísta, y según trascendió el Tribunal Electoral haría lo mismo, dos casos a nivel federal demuestras que el final de asunto será permitir el registro, esto, ya a un alto costo mediático y de percepción ciudadana para el candidato del PAN-PRD-MC.

Caso Encinas

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El más añejo de los casos es el de Alejandro Encinas, en 2011, quien fue acusado de “torcer” la ley para obtener el registro, por el entonces candidato, Luis Felipe Bravo Mena. El argumento era, justamente, que Encinas tenía doble residencia y, por ende, doble documentación. Por un lado vivía en el entonces Distrito Federal y, por otro lado, decía vivir en el Estado de México. El final del asunto: Encinas fue candidato.

Caso Xóchitl

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El otro asunto -no menos mediático-, fue el de Xóchitl Gálvez Ruiz en 2015, quien tuvo que recurrir la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que ordenaran al Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), registrarla como candidata del Partido Acción Nacional (PAN), a la jefatura delegacional en Miguel Hidalgo. En este caso no sólo obtuvo la candidatura, sino que la ganó.

Argumentos

El proyecto de sentencia estableció, que si bien el requisito está previsto en el artículo 294, fracción I del Código de Instituciones y Procedimiento Electorales del Distrito Federal, que establece que el domicilio de la credencial de elector debe corresponder al Distrito Federal, para el caso concreto, es irrazonable y desproporcionado, ya que entorpece el ejercicio del derecho constitucional a ser votado, de ahí que se haya estimado inconstitucional y, por tanto, decretado su inaplicación al caso concreto.

El magistrado Pedro Esteban Penagos López comentó que está plenamente acreditado que la actora sí cumple con el requisito de la residencia, por lo que es desproporcional exigir que también tenga credencial de elector con domicilio en el Distrito Federal, ya que se restringe su derecho a ser votada. Aseguró que es necesario atender el artículo primero constitucional, que establece que en materia de derechos humanos se debe cumplir el principio de progresividad y expandirlos.

En su participación, el magistrado Manuel González Oropeza señaló que con este proyecto de resolución se sienta precedente, porque se da certeza sobre los alcances y límites en el ejercicio pleno del derecho a votar y ser votado, por lo cual consideró que la exigencia de acreditar el domicilio plasmado en la credencial de elector para este fin es excesiva.

Por su parte, el magistrado Flavio Galván Rivera manifestó que su voto sería a favor de la sentencia, dado que en el proyecto se plantea que el artículo 294 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, fracción primera, se propone inaplicar por inconstitucional, “lo que se exige, constitucionalmente, para ser elegible es la vecindad más la residencia o sólo la residencia para los que no son vecinos de determinada entidad”, con diferente plazo en uno y otro caso.

En tanto, la magistrada María del Carmen Alanis Figueroa votó a favor del proyecto, en virtud de que se trata de tutelar los derechos y oportunidades de los ciudadanos para acceder a un cargo de elección popular, en donde el Estado tiene la obligación de establecer las condiciones necesarias para ejercer los derechos político-electorales y eliminar las barreras que limiten el ejercicio de los mismos.

Alanis Figueroa consideró excesivo y contrario a la Constitución el requisito de la credencial de elector para acceder a la candidatura, toda vez que se cumplió con el criterio de residencia de tres años establecido por la legislación.

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